13 de noviembre de 2014
Registrados en un terreno baldío La Patagonia rebelde: ARBA detectó un
Vaca Muerta, en la Patagonia, no es solamente uno de los mayores yacimientos de hidrocarburos no convencionales del mundo. También se ha revelado como una prolífica reserva de autos de lujo, que fueron radicados allí pero nadie ha visto pues sus dueños residen a cientos de kilómetros de distancia.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) anunció el miércoles que detectó un "paraíso fiscal" de vehículos de alta gama en pequeños poblados ubicados alrededor de la cuenca petrolera de Vaca Muerta, provincia de Neuquén, 1.156 kilómetros al sur de la capital argentina.Se empiezan a conocer los nombres de ricos y famosos que utilizaron esa alternativa para aliviar la carga impositiva sobre sus bolsillos. Sergio Schoklender,Jorge "acero" Cali, Vanina Oneto y Sergio Cirigliano surgen entre los nombres involucrados.
En el poblado de San Patricio de Chañar, con una población de 6.000 habitantes, se comprobó que 7.500 autos de alta gama, entre ellos Ferrari, Audi, BMW, Alfa Romeo, Land Rover y Porsche, entre otros, figuraban registrados en un terreno baldío de 17 por 25 metros de esa localidad, pese a que pertenecen a contribuyentes de otras provincias como Buenos Aires, Mendoza, Río Negro y La Pampa.
"Al aplicar gravámenes minúsculos, ciertos municipios se convierten en verdaderos paraísos fiscales donde algunas concesionarias de automóviles y gestores alientan la inscripción de vehículos de alta gama que son propiedad de habitantes de otras provincias", dijo el director de la Agencia de Recaudación, Iván Budassi.
En total se detectaron 20 mil automóviles radicados apócrifamente en los municipios neuquinos cercanos a Vaca Muerta. Allí se puede pagar hasta diez veces menos de patente que en otros distritos.
Según Budassi, la provincia de Neuquén tiene la particularidad de que la administración y fijación de los impuestos al automotor corre por cuenta de cada municipio y no como en la mayoría de las provincias argentinas, donde los establece la legislatura provincial.
En el caso del fisco de la provincia de Buenos Aires, la maniobra implica un perjuicio de 10 millones de pesos anuales (1,1 millón de dólares).
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